Entre octubre de 2021 y el 31 de enero de 2022, Europol coordinó la operación Ludus II contra el tráfico de juguetes y otros productos falsificados. En la operación Ludus II, dirigida por la Guardia Civil, la Policía Nacional y las autoridades aduaneras españolas (DAVA) y codirigida por la policía rumana, participaron autoridades policiales de 21 países en total, y en España contaron con la colaboración de AEFJ como fuente de información y coordinación con sus empresas asociadas.
Las incautaciones realizadas durante la operación incluyen figuras de acción, juegos de mesa y de cartas, muñecos de series de televisión famosas, construcciones y ropa y accesorios de marcas famosas. Los productos incautados presentan riesgos como la exposición a sustancias químicas, el estrangulamiento, la asfixia, las descargas eléctricas, los daños al oído y el peligro de incendio. Este fue el resultado de un análisis de la EUIPO sobre estas alertas, que llevó a la puesta en marcha de la primera operación Ludus en 2020.
Durante la fase operativa de Ludus II, las autoridades policiales realizaron controles e inspecciones para detectar traslados y almacenamientos ilegales. Varias redadas siguieron a investigaciones en línea iniciadas en plataformas de comercio electrónico. La mayoría de los juguetes falsos se importaban desde Asia Oriental a la UE, el Reino Unido y Estados Unidos. Las autoridades detectaron infracciones de los derechos de propiedad intelectual, falta de marcado CE y de declaraciones de conformidad de la UE, así como la presencia de sustancias peligrosas no deseadas.
Algunas cifras de la operación:
- Incautaciones por valor de casi 18 millones de euros
- Más de 5 millones de juguetes falsificados
- Más de 2.600 expedientes administrativos o de prevención sanitaria abiertos
- 99 personas denunciadas ante las autoridades judiciales
- 459 personas denunciadas ante las autoridades administrativas/sanitarias
- 72 mercados en línea comprobados
- 30 sitios web cerrados
Estas operaciones evidencian el gran peso que aún tienen las falsificaciones y productos inseguros en el mercado, y la facilidad con la que acceden a él, por lo que esperamos que, en las discusiones finales sobre la Ley europea de Servicios Digitales y la redacción del Reglamento General de Seguridad de los Productos, los legisladores europeos no pierdan la oportunidad de equiparar a la que tienen los importadores la responsabilidad de las plataformas digitales sobre la legalidad de los productos que se ofrecen al consumidor a través de ellas.