Como les contamos, el Parlamento Europeo votó el 13 de marzo su posición sobre el nuevo Reglamento de la UE sobre la seguridad de los juguetes, texto sobre el que negociará con el Consejo y la Comisión.

No es el texto definitivo del nuevo Reglamento, pero empeora la situación de partida del triálogo, porque los eurodiputados de la izquierda y algunos del grupo liberal votaron más por sentimientos o por "enviar una señal" que por hechos, resultando en unos requisitos que, en realidad, resultan en la imposibilidad de usar ciertos materiales naturales y el acero inoxidable en los juguetes, lo que elimina juguetes seguros sin que haya alternativas ni mejoren la vigilancia del mercado.

El Consejo está trabajando en su informe y, dado que son los Estados Miembros los que tienen que controlar el cumplimiento del texto que finalmente se apruebe, son más realistas. Pero la línea de partida impuesta por la Comisión, con una gran carga de quimiofobia y una baja dosis de conocimiento de la realidad del mercado, y la ausencia de industria local en muchos países, dificulta volver a poner los pies en la tierra, tanto en materia de químicos como en formas de demostrar el cumplimiento, la vigilancia del mercado o los periodos de transición.

Conscientes de lo que esto significa para nuestra industria, la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, preparó una agenda de reuniones para el 20 y el 21 de marzo pasados en Bruselas, y el Secretario Autonómico de Industria, Felipe Carrasco, acompañó al Director General y a la Secretaria Técnica de AEFJ a las reuniones, insistiendo en la importancia de tener en cuenta las necesidades de un sector industrial importante para la Comunitat, que crea empleo y que sigue innovando y poniendo la seguridad por encima de todo.

Con su respaldo, nos atendieron dos consejeros de la Representación Permanente de España en la UE, la Unidad de Juguetes de la Comisión Europea y dos miembros del Parlamento Europeo: Marion Walsman, la ponente del dossier, y Pablo Arias, miembro del comité de Mercado Interior del  Parlamento.

A todos pudimos explicarles las preocupaciones del sector respecto a las consecuencias de ciertas propuestas, y pedirles su apoyo para conseguir un Reglamento que pueda aplicarse, controlarse y, por tanto, cumplir su objetivo de mejorar la seguridad de los niños.